En todas las comunidades autónomas bilingües de España, las personas que prefieren ser educadas o atendidas por los poderes públicos con el español como lengua vehicular son discriminadas en mayor o menor medida. Esta situación afecta a estudiantes, trabajadores, creadores y supone una barrera a la movilidad geográfica en España, sobre todo para las familias con hijos en edad escolar. Solo quienes pueden costear colegios privados pueden escapar a esta discriminación. Ni siquiera el alumnado con necesidades especiales se libra de la imposición de lengua, porque unos supuestos derechos de las lenguas a ser conservadas se anteponen a los derechos de los pequeños y sus familias. Todos los días llegan a Hablamos Español peticiones de ayuda por grave discriminación, que en muchos casos no pueden salir a la luz por el miedo, de quienes lo sufren, a ser señalados. La situación es tan crítica, que ha pasado de ser un problema de discriminación lingüística, a convertirse en una vulneración de derechos humanos. Las lenguas no deberían ser una cuestión politizada ni un negocio. Es hora de decir BASTA.

Pedimos a los Diputados en el Congreso que promuevan la Proposición de Ley de Libertad de Elección de Lengua de la Asociación Hablamos Español; una ley que pondría punto final a la discriminación lingüística en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, sobre todo, a la discriminación de la que son objeto los niños y jóvenes en la enseñanza.

También nos dirigimos a los siguientes estamentos e instituciones con una expresa petición de apoyo:

Defensor del Pueblo Europeo, Unesco, Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España, Consejo General de Colegios Oficiales de Docentes, Defensor del Pueblo, Casa de su Majestad el Rey, Parlamento Europeo, Comisión Europea, Consejo Europeo, Consejo de Europa, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Real Academia Española, Instituto Cervantes, Reales Academias de la Historia y de las Ciencias Morales y Políticas.

La Ley propone que se aplique en España lo mismo que en todos los países con lenguas cooficiales:

1. Elección de lengua vehicular en la enseñanza, para que pueda haber líneas con las asignaturas en español o bilingües. La imposición de porcentajes es una fuente de conflicto. Necesitamos una solución duradera.
2. Administraciones bilingües, con presencia del español junto a la otra lengua oficial en la rotulación, señales, documentos, e información de todo lo oficial. En la actualidad, casi todo es monolingüe en lengua cooficial, excluyendo así nuestra lengua común.
3. Libertad para rotular los negocios en español. Multas por usarlo y ayudas solo para quienes utilicen la otra lengua oficial son la realidad actual en este ámbito.
4. Igualdad en el acceso a ayudas públicas y premios culturales. En la actualidad se discrimina a quienes prefieren usar el español.
5. Recuperación de la oficialidad de los topónimos en español. Ahora está prohibido usar los nombres de lugares en español en rótulos y documentos oficiales en español.
6. Requisito lingüístico solo para que haya un número suficiente de funcionarios que garanticen la atención en lengua regional. Queremos tener al mejor profesional, aunque hable la otra lengua.

Estas propuestas encajan legalmente en la Constitución Española y son la única manera de que España cumpla los tratados internacionales que ha ratificado.

Ver texto de la ley